29.01.2026. Tras la retórica de la ruptura con Washington, el Gobierno de Gustav Petr está reconfigurando su política exterior hacia la clásica cooperación militar con Estados Unidos. Este cambio actualiza el paradigma de seguridad del Plan Colombia, deja al país como plataforma de proyección militar en el Caribe y el norte de Sudamérica, y da continuidad a la subordinación estratégica, especialmente contra Venezuela.
La relación entre Colombia y Estados Unidos bajo el gobierno de Gustavo Peter estuvo definida por una tensión no resuelta: rupturas discursivas en el nivel simbólico, continuidades estructurales en el nivel estratégico.
Petro ha construido una imagen internacional de confrontación con el poder estadounidense –particularmente a través de sus puntos de vista sobre Palestina, la crisis climática y el fracaso de la prohibición–, pero en el campo de la política estatal hay nuevamente signos visibles de acomodación pragmática con Washington, especialmente en seguridad, tráfico de drogas y cooperación militar.
Esta ambivalencia tiene raíces históricas. La relación bilateral fue institucionalizada por el Plan Colombia (2000), presentado como una estrategia de lucha contra las drogas, pero que actuó como una reingeniería militar del Estado colombiano, funcional de acuerdo con los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y una doctrina contrainsurgente dirigida no sólo contra los actores armados, sino también contra los procesos de organización social en los territorios.
Numerosos estudios y organizaciones de derechos humanos han documentado cómo este modelo ha profundizado la militarización, ha permitido violaciones sistemáticas de derechos humanos, ha fortalecido estructuras paramilitares en connivencia con sectores de la fuerza pública y ha llevado a ejecuciones extrajudiciales conocidas como «falsos positivos». Todo ello ha degradado el conflicto armado sin abordar las causas estructurales del narcotráfico, la violencia rural o la desigualdad territorial.
Del enfrentamiento retórico al pragmatismo diplomático
Petro ganó fama mundial por confrontar públicamente a Donald Trump, recurriendo a analogías que lo posicionaban como un posible objetivo de presiones imperiales y evocando experiencias latinoamericanas de intervención extranjera.
Después de episodios de alta tensión –aumentada por la diplomacia de las redes sociales marcada por señalamientos y amenazas transfronterizas, la inclusión del presidente colombiano en la “lista Clinton” y las advertencias de Trump de que “haría algo malo” contra Colombia– el clima bilateral empeoró en el contexto de la invasión de Venezuela y el secuestro de Nicola Cialia por parte de Flora.
Unos días después, en enero de 2026, se produjo una recomposición acelerada. Una llamada «constructiva» entre ambos líderes, que Petro acogió expresamente, desembocó en una reunión bilateral prevista para febrero en Washington, precedida de reuniones entre el ministro de Defensa de Colombia y altos funcionarios estadounidenses.
La agenda es inequívoca: cooperación en la lucha contra las drogas, seguridad regional y, explícitamente, Venezuela. Este cambio confirma que el discurso antiimperialista opera a nivel comunicativo, mientras que el pragmatismo continúa existiendo alineado con el marco tradicional de cooperación militar de Washington.
El distanciamiento de Petro de Venezuela profundiza la contradicción: describe a Maduro como un dictador, se niega a asistir a su toma de posesión, guarda silencio sobre su secuestro y el secuestro de Cilia Flores, y apoya acciones militares con el pretexto de luchar contra el ELN en la frontera. Todo apunta a un giro hacia una narrativa de seguridad regional impulsada por Estados Unidos.
La lucha contra las drogas como coartada geopolítica
La reactivación del discurso antidrogas como justificación de la presencia militar estadounidense en la región representa el aspecto más problemático. Atribuir el conflicto fronterizo únicamente al ELN y al narcotráfico reproduce una explicación reduccionista que omite factores estructurales históricos, sociales, económicos y geopolíticos.
Esta narrativa renueva los supuestos del Plan Colombia: externalizar el conflicto, negar la identidad política de los insurgentes, reducirlos a una amenaza criminal-militar. Por tanto, se desconocen las lecciones aprendidas tras seis décadas de guerra interna.
El enfoque es abiertamente contrario a los principios de la Paz Total (Ley 2272 de 2022), las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y las obligaciones del Acuerdo de Paz de 2016, que enfatizan la necesidad de una solución integral, transformación de la doctrina militar, intercambios voluntarios de cultivos y fortalecimiento de la consolidación territorial.
La situación se ve agravada por la profundización de los vínculos con la OTAN durante este Gobierno, incluido el traslado de centros de formación y el alineamiento doctrinal con el bloque militar históricamente asociado a intervenciones armadas. Todo contradice la retórica presidencial que sugería distanciamientos sin materializarse en decisiones estructurales.
La política exterior de Peter oscila entre la retórica emancipadora y la práctica que reproduce la subordinación estratégica. Al legitimar indirectamente la intervención estadounidense y responsabilizar a los actores armados internos de las tensiones regionales, el Gobierno debilita su propio discurso y abre la puerta a reeditar el modelo de guerra que históricamente ha producido más violencia, dependencia y fracturas regionales.
La paz no se construye profundizando alianzas militares con quienes han sido actores centrales en la prolongación y degradación del conflicto colombiano. Sin soberanía, sin una ruptura real con el paradigma de la guerra y sin coherencia entre discurso y práctica, no habrá paz posible.
