En un reciente fallo, el Consejo de Estado ha abordado un tema crucial en la comunicación entre el gobierno y los ciudadanos, destacando un aspecto que muchos podrían considerar fundamental para la democracia. La corte ordenó al presidente Gustavo Petro que suspender la transmisión de los consejos de ministros a través de canales de televisión que son de propiedad privada, además de aquellos que son regionales, locales y en plataformas sociales. Esta decisión tiene implicaciones significativas, ya que el tribunal estableció que el presidente Petro no puede continuar transmitiendo estos consejos a través de dichos medios privados, lo cual se ha interpretado como un golpe para la política de comunicación del gobierno, que a partir de ahora tendrá que encontrar alternativas que se ajusten al fallo.
La controversia se originó a partir de una queja presentada por la ciudadana Maria Cristina Ciéllar. Ella argumentó que la transmisión en el horario estelar, que va de las 19:00 a las 22:30 horas, limitaba severamente el acceso de los ciudadanos a una oferta diversa de información. De esta manera, el Consejo de Estado señaló que la difusión exclusiva de la perspectiva del gobierno durante los horarios más vistos constituía una violación del derecho constitucional que tienen los ciudadanos a acceder a la información. En su resolución, el tribunal enfatiza la importancia de no restringir el acceso a la información a una simple narrativa gubernamental.
«El acceso a la información no puede limitarse a una narrativa del gobierno», establece el fallo.
La televisión debe ofrecer una multitud sin propaganda
El tribunal, bajo el liderazgo del juez Alberto Montaña Plata, ha subrayado la necesidad de que los ciudadanos tengan la libertad de elegir de qué manera consumir la información que desean; y advierte al Consejo de Estado que simplemente optar por apagar el televisor no puede ser la única opción disponible para el público. De esta forma, se subraya la responsabilidad de los medios de proporcionar una variedad de contenidos que no se limiten a la propagación de la información gubernamental.
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Además, se destaca que en un entorno democrático, la información debería ser imparcial, veraz y variada. Limitar la programación a discusiones políticas únicamente relacionadas con el gobierno reduce la pluralidad informativa a la que tienen derecho los ciudadanos. Por este motivo, los consejos de ministros deberían ser transmitidos exclusivamente por canales públicos nacionales, como los que opera el Estado, y a través de una señal institucional que garantice más accesibilidad.
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En respuesta a este fallo, Gustavo Petro utilizó su cuenta en X (anteriormente conocido como Twitter) para expresar su postura. «Los asuntos públicos son públicos. La democracia es un debate público, no lo censuran», aseguró el presidente, dejando claro su desacuerdo con la decisión judicial.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, también reaccionó a la decisión. Anunció su intención de apelar contra el fallo con base en la Ley 182 de 1995, la cual regula el servicio de televisión en Colombia. Benedetti calificó la resolución como desproporcionada, argumentando que privar a millones de personas de acceder a la opinión del gobierno por la queja de un solo ciudadano es inapropiado y perjudicial.
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