El más reciente contrato del bailarín y coreógrafo colombiano Nerú Martínez Carrillo con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) volvió a poner bajo la lupa la contratación en el Gobierno nacional, especialmente por su cercanía con la primera dama, Verónica Alcocer, y el monto acumulado que ha recibido en los últimos años.
Un nuevo contrato en medio de restricciones
El 29 de enero de 2026, Martínez firmó un contrato por 36.062.000 pesos, apenas dos días antes de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, que limita la contratación directa en periodos preelectorales.
Este contrato estará vigente hasta julio de 2026 y mantiene el mismo objeto que sus acuerdos anteriores: el desarrollo de actividades orientadas al bienestar físico y mental de los funcionarios de la Presidencia.
Con esta nueva adjudicación, el coreógrafo supera los 276 millones de pesos facturados desde 2022, todos mediante contratación directa.
Una relación contractual sostenida desde el inicio del gobierno
Los registros públicos evidencian que la relación entre Martínez y el Dapre comenzó poco después de la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.
Desde entonces, ha firmado al menos seis contratos consecutivos, todos bajo la modalidad de prestación de servicios.
La evolución de sus ingresos muestra un crecimiento progresivo:
- 2022–2024: más de 176 millones de pesos acumulados.
- 2024: contrato superior a 77 millones (el más alto).
- 2025: contrato cercano a 64 millones.
- 2026: nuevo contrato por 36 millones.
¿Qué hace exactamente en la Casa de Nariño?
Según los documentos contractuales, las funciones de Martínez se centran en el bienestar laboral dentro de la Presidencia. Entre sus actividades están:
- Programas de baile y ejercicio conocidos como “Nerumbas”
- Estrategias de salud mental y manejo del estrés
- Dinámicas para fortalecer el clima organizacional
Estas labores hacen parte de programas internos del área de talento humano.
Cuestionamientos y polémica
El caso ha generado debate en la opinión pública y en sectores políticos por varios factores clave:
1. Contratación directa reiterada
Todos los contratos han sido adjudicados sin licitación pública, lo que ha despertado dudas sobre transparencia.
2. Cercanía con la primera dama
Martínez es reconocido por su relación cercana con Verónica Alcocer, lo que ha intensificado los cuestionamientos.
3. Momento del contrato
La firma justo antes de la Ley de Garantías ha sido interpretada por críticos como una maniobra para anticiparse a restricciones.
4. Declaraciones patrimoniales
Registros indican inconsistencias en sus reportes de ingresos y bienes, lo que también ha generado dudas.
La respuesta y el contexto del Gobierno
Desde el Gobierno se ha defendido que este tipo de contratos responden a necesidades institucionales, especialmente en programas de bienestar laboral que buscan mejorar la productividad y el ambiente de trabajo.
Sin embargo, el caso no es aislado. Otros contratos con personas cercanas al entorno presidencial también han sido cuestionados, ampliando el debate sobre el uso de recursos públicos y los criterios de selección.
Un debate que sigue abierto
El caso de Nerú Martínez se ha convertido en un símbolo de una discusión más amplia en Colombia: los límites entre confianza política, meritocracia y transparencia en la contratación estatal.
Mientras algunos defienden la utilidad de sus funciones en el bienestar institucional, otros consideran que el monto de los contratos y su contexto político ameritan mayor control y vigilancia.
90
