Bogotá, 14 de enero de 2026 — El Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra el decreto mediante el cual el Gobierno nacional fijó el salario mínimo legal vigente para 2026, decisión que reaviva el debate jurídico y económico sobre el procedimiento utilizado para establecer el aumento.
La acción fue presentada por un grupo de abogados y organizaciones civiles que cuestionan la legalidad del decreto, argumentando presuntas irregularidades en el proceso de concertación con los sectores sindical y empresarial, así como una posible insuficiente justificación técnica frente a variables como la inflación, la productividad y la sostenibilidad fiscal.
El salario mínimo para 2026 fue decretado por el Ejecutivo tras no lograrse un acuerdo en la mesa de concertación, lo que llevó al Gobierno a definir el incremento de manera unilateral, amparado en la normativa vigente. Sin embargo, los demandantes sostienen que no se habrían cumplido plenamente los requisitos formales exigidos por la ley.
Desde el Gobierno nacional se afirmó que el decreto se ajusta al marco constitucional y legal, y que el aumento busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente en un contexto de presión inflacionaria y encarecimiento del costo de vida.
Expertos señalan que la admisión de la demanda no suspende automáticamente la aplicación del salario mínimo, el cual continúa vigente mientras avanza el proceso judicial. No obstante, el fallo final podría sentar un precedente clave para futuras decisiones sobre la fijación del ingreso mínimo en el país.
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