Difundir el precio del dólar paralelo en Venezuela ya no es una práctica tolerada. En una reciente escalada represiva, el gobierno ha comenzado a detener a personas que publican tasas no oficiales del dólar, especialmente en redes sociales y páginas web. Las autoridades consideran esta actividad una amenaza a la estabilidad económica del país.
Durante años, los venezolanos se han guiado por el mercado paralelo para calcular precios, sueldos y transacciones. Sin embargo, esta práctica puede ahora derivar en cargos por terrorismo, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Detenciones y acusaciones graves
A comienzos de junio de 2025, el ministro Diosdado Cabello confirmó la detención de al menos 20 personas vinculadas a plataformas que compartían la tasa paralela. Los acusados enfrentan penas que pueden superar los 8 años de prisión, bajo el argumento de que influyen negativamente en el mercado y atentan contra el orden económico nacional.
El gobierno busca cerrar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo, que recientemente ha superado el 38 %. Las medidas incluyen la vigilancia activa de redes sociales, el cierre de sitios web y la judicialización de ciudadanos comunes.
Riesgos para particulares y empresas
No solo los administradores de páginas enfrentan sanciones. Las personas naturales y jurídicas que utilicen públicamente el valor del dólar no oficial también corren riesgo legal. Incluso los comercios que expresan sus precios con base en esa tasa pueden ser multados o clausurados.
Las autoridades recalcan que únicamente la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela es válida para fijar precios y realizar operaciones comerciales.
Una advertencia para los usuarios digitales
El uso del dólar paralelo sigue siendo una referencia común entre los ciudadanos, pero compartir esa información públicamente se ha convertido en un delito. La recomendación legal es evitar publicar o reenviar contenido con cotizaciones no oficiales, especialmente en cuentas públicas de redes sociales o canales masivos.
La ofensiva del gobierno marca un giro en su política cambiaria, retomando el control sobre la narrativa económica y castigando con dureza a quienes la contradicen.
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