El 31 de octubre de 2025, aproximadamente a las 6:45 a.m., en la intersección de la calle 63 con la carrera 98 —sobre la Avenida José Celestino Mutis, en la localidad de Engativá, al occidente de Bogotá— ocurrió un siniestro vial que dejó dos personas fallecidas y una investigación abierta.
El vehículo implicado, un automóvil particular blanco, habría traspasado el separador vial, colisionado con varias motocicletas, un automóvil particular y un bus del sistema de transporte público (SITP).
Las víctimas fatales fueron identificadas como Viviana Marcela Suárez Isaza —contadora pública— y su pareja sentimental, Carlos Mario Cavadía Sierra —ingeniero—, quienes se dirigían a su trabajo cuando se produjo el impacto.
Versión inicial: “conductor elegido”
En los días posteriores al accidente, circuló la versión de que los ocupantes del automóvil habían contratado a un “conductor elegido” (es decir, a alguien para conducir en su lugar) para evitar responsabilidades o consumo de alcohol. Según esa versión, el conductor era una persona de nacionalidad njera, a quien los ocupantes habrían designado para el volante.
Dos de los pasajeros, identificados como Edwin Delgado y Camila Bermúdez, afirmaron que eran pasajeros y que el conductor sería Rubén Romero, contratado como “conductor elegido”.
Nueva versión: abogado de las víctimas lo descarta
Sin embargo, la defensa de las víctimas, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle, quien representa a las familias de Suárez Isaza y Cavadía Sierra, presentó nuevos detalles que contradicen esa versión. Castellanos aseguró que:
- Los tres ocupantes del vehículo ya están plenamente identificados por la Fiscalía.
- No existió contratación de un conductor elegido: “no es cierto que hayan contratado un conductor elegido”, explicó el abogado.
- El vehículo no contaba con una póliza civil de responsabilidad contractual, lo cual complica la cobertura de responsabilidades civiles.
- El presunto conductor, de nacionalidad njera según la versión inicial, estuvo compartiendo con las otras personas dentro de un bar llamado Dejavú Bar —desde alrededor de las 3:00 a.m.— antes del accidente. No obstante, el establecimiento aún no ha entregado las grabaciones de sus cámaras internas, lo cual es considerado por la defensa una pieza clave de la investigación.
- Se advirtió que la alteración, ocultamiento o destrucción de material probatorio es un delito grave en Colombia, sancionado con penas de cuatro a doce años de prisión y multas sustanciales.
Estado de la investigación
La investigación por este accidente sigue en curso bajo la supervisión de la Fiscalía General de la Nación. Las tareas principales aún pendientes incluyen:
- Entrega formal de las imágenes de videovigilancia del bar Dejavú, para determinar el comportamiento de los ocupantes antes del siniestro.
- Verificación de consumo de alcohol u otras afectaciones al conductor u ocupantes.
- Aclaración de quién manejaba el volante al momento de la colisión, y cuántas personas iban en el vehículo.
- Determinación de responsabilidades civiles y penales, tanto para los ocupantes como para el conductor o terceros vinculados (por ejemplo, el propietario del vehículo).
- Evaluación de posibles sanciones por parte de las autoridades de tránsito y judiciales, para quienes resulten responsables.
Implicaciones legales y sociales
El hecho ha generado indignación en la comunidad del occidente de Bogotá, tanto por la pérdida de dos vidas como por la aparente fuga del conductor. La versión de un “conductor elegido” levantó dudas sobre posibles agravantes, como consumo de alcohol, excesiva velocidad o conducción temeraria. Hoy, la defensa de las víctimas lo rechaza, lo que abre una brecha entre versiones que deben ser despejadas.
Desde el punto de vista legal, la identificación plena de los ocupantes no descarta la responsabilidad penal si se comprueba que alguno de ellos manejaba bajo efectos o que permitió la conducción por un tercero sin seguro o sin contrato de servicio. Desde lo social, el caso vuelve a poner en foco los riesgos de conducción en vía pública, consumo de alcohol y la responsabilidad compartida de fenónemos de siniestralidad vial.
Contexto de movilidad en Bogotá
Bogotá registra un número significativo de siniestros viales cada año, muchos de ellos en horas de la madrugada o relacionados con consumo de sustancias, exceso de velocidad o mala visibilidad. La vía —avanzada como avenida principal— ya había registrado también problemas de velocidad, tráfico y conducta de los conductores.
En este caso, al tratarse de un accidente múltiple (automóvil, motos y sistema de transporte público) ocurrido en hora pico de movilidad de occidente a oriente, se generaron efectos adicionales en la movilidad local y en la percepción de inseguridad vial de los usuarios.
Conclusión
Lo que al inicio se presentó como una versión de “conductor elegido” y fuga, ahora enfrenta una contradicción por parte de la defensa de las víctimas. El proceso judicial debe aclarar quién manejaba, bajo qué circunstancias —incluido el posible consumo de alcohol—, y si hubo omisión del establecimiento nocturno al entregar pruebas. La búsqueda de justicia para las familias de Viviana Marcela Suárez Isaza y Carlos Mario Cavadía Sierra se mantiene, mientras la ciudad espera que el caso siente un precedente sobre responsabilidad en la vía pública.
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