En pocas semanas el nombre de Wilmar de Jesús Mejía dejó de ser un dato anecdótico en los círculos administrativos para convertirse en el centro de un escándalo que sacude las estructuras de inteligencia del Estado. Lo que hoy está en investigación nació —según la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y varias publicaciones nacionales— cuando archivos, chats y audios incautados a la disidencia comandada por alias “Calarcá” mencionaron a funcionarios civiles y militares y trazaron supuestos vínculos con el interior del poder estatal. Entre los señalados aparece Mejía, hasta hace poco un funcionario poco conocido fuera de la órbita del Gobierno.
De informante y representante a hombre clave en la DNI
El perfil público de Mejía sorprende por su heterogeneidad: es presentado en distintas fuentes como licenciado en educación física y como un hombre que, sin formación clásica en inteligencia, ocupó en tiempo relativamente corto puestos de gran responsabilidad. En marzo de 2024 fue designado por la Presidencia como representante del Gobierno ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia —un cargo que puso su nombre en la escena pública regional— y luego escaló a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), donde llegó a desempeñar funciones de alto rango en operaciones y dirección estratégica. Esa trayectoria —de contratista y cercano a las redes políticas regionales a alto funcionario nacional— es, precisamente, uno de los elementos que analistas y periodistas señalan como “ascenso meteórico”.
Qué revelaron los archivos de “Calarcá” y por qué preocupa
Según el reportaje que detonó la controversia, en los archivos incautados a la organización de alias Calarcá habría menciones a planes en los que Mejía figura como un actor que podría haber facilitado información, incluido el diseño de una supuesta empresa fachada para “legalizar” movimientos y movilización de un grupo armado en caso de que el proceso de paz fracasara. Los documentos y chats, publicados y analizados por varios medios, describen supuestos intercambios sobre operativos, movimientos de tropas y favores logísticos que, de comprobarse, implicarían filtraciones de información sensible desde el interior de organismos estatales.
Medidas disciplinarias e investigaciones abiertas
Ante estas revelaciones, la Procuraduría General adoptó medidas cautelares: suspendió de manera provisional (por tres meses, prorrogables) al general Juan Miguel Huertas —jefe de personal del Ejército vinculado también en los archivos— y a Wilmar Mejía, argumentando que la continuidad en sus cargos podía afectar las investigaciones. Paralelamente, la Fiscalía abrió indagaciones sobre la posible cooptación de funcionarios por parte de grupos armados ilegales y la veracidad de las pruebas halladas en computadoras y dispositivos incautados. Estas decisiones han generado un abanico de reacciones en el aparato estatal y en la opinión pública.
Reacciones del Gobierno y del propio Mejía
El presidente Gustavo Petro y algunos miembros del Gobierno han puesto en duda la veracidad total de las pruebas, solicitando análisis forenses y advirtiendo sobre posibles campañas de desinformación. Por su parte, Wilmar Mejía ha negado categóricamente cualquier contacto o acuerdo con alias “Calarcá” y ha calificado las menciones en su contra como parte de un plan sistemático de ataques y desinformación contra la comunidad de inteligencia. No obstante, las publicaciones periodísticas y las voces críticas demandan claridad sobre cómo una persona con su perfil alcanzó puestos de tanta relevancia en un área tan sensible como la inteligencia nacional.
Lo que cuestionan académicos y expertos en seguridad
Expertos en inteligencia y derechos humanos consultados por la prensa han señalado varios nudos problemáticos: la profesionalización y control de nombramientos en entidades de seguridad, la vigilancia sobre vínculos entre funcionarios y actores regionales, y los riesgos que supone la opacidad en la contratación y la trayectoria de quienes ocupan puestos que manejan información clasificada. Para muchos analistas, la situación revela la necesidad de revisar protocolos internos, auditorías independientes y claridad en los criterios de designación de cargos claves en seguridad.
Consecuencias políticas y judiciales — ¿qué sigue?
El impacto político ya es visible: pedidos de renuncia o remoción de cargos en espacios académicos (como la Universidad de Antioquia), debates en el Congreso sobre el control civil de las agencias de inteligencia y presiones para que la investigación avance con rapidez y transparencia. En el ámbito judicial, la Fiscalía deberá demostrar, con pruebas forenses verificables, la existencia de conductas delictivas —si las hay— que ameriten sanciones penales. A la vez, la Procuraduría evaluará responsabilidades disciplinarias administrativas. En ausencia de sentencias, la sospecha y el desgaste político pueden ser, sin embargo, castigos de largo plazo.
Una lección sobre transparencia institucional
Más allá del caso particular de Wilmar Mejía, este episodio subraya la fragilidad de la confianza pública cuando instituciones de seguridad aparecen relacionadas con grupos armados. Sea cual sea el desenlace judicial, la ciudadanía hoy exige explicaciones claras: cómo se nombran los jefes de inteligencia, qué mecanismos de control existen sobre el flujo de información reservada y cómo evitar que actores estatales y no estatales se entrecrucen en caminos que socaven la legalidad y la seguridad colectiva.
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