Voceros de organizaciones campesinas de varias regiones del país (Eje Cafetero, Tolima, Huila, Valle y Antioquia) se reunieron en Armenia y emitieron un ultimátum: si el Estado no acelera e implementa de forma efectiva la reforma agraria —incluyendo titulación, compra de predios para el Fondo de Tierras y medidas de protección contra acaparamiento— comenzarán a «tomar tierras» como medida de presión. El anuncio se produce en un contexto de entregas parciales de tierras por parte del Gobierno, pero también de frustración por la lentitud y las zonas que quedan por cubrir.
Desarrollo de la noticia
Este 15 de septiembre, en Armenia (Quindío), representantes de distintas organizaciones campesinas del Eje Cafetero y departamentos vecinos se pronunciaron en bloque. Según la nota publicada por medios locales, los líderes dijeron que llevan años esperando la implementación efectiva de los compromisos de reforma agraria y que la paciencia se acabó: exigieron plazos concretos para la entrega de títulos, la asignación de tierras del Fondo Público y medidas contra los acaparadores; de lo contrario, advirtieron que se procederá a la recuperación directa de predios que, a su juicio, deben ser redistribuidos.
Contexto político y técnico
Desde la llegada del gobierno actual hubo un impulso oficial a la reforma agraria: la Presidencia fijó metas ambiciosas (por ejemplo, la entrega de cientos de miles de hectáreas para 2025) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha venido ejecutando programas de compra, titulación y formalización en distintos departamentos. Sin embargo, las organizaciones sociales denuncian que los ritmos son insuficientes, que hay burocracia en los trámites, demoras en la compra de predios y resistencia local de grandes propietarios y redes de acaparamiento que han dificultado la restitución y redistribución. Por eso, pese a avances documentados (entregas parciales en Tolima, Huila, Atlántico y otros), el reclamo por una implementación más rápida y territorialmente equilibrada persiste.
Movilizaciones y medidas de presión recientes
En las últimas semanas se ha registrado un aumento de protestas y bloqueos en el Eje Cafetero y otras regiones agrarias: concentraciones en peajes, bloqueos en la vía Pereira–Armenia y marchas hacia centros urbanos. Estas movilizaciones buscan acelerar procesos de titulación, exigencia de apoyo técnico y crediticio, precios justos para la producción y protección frente a megaproyectos ctivos. Las dirigencias advierten que la «toma de tierras» sería una medida de último recurso, inspirada en prácticas históricas de recuperación de tierras por comunidades que han sufrido despojo.
Qué piden concretamente los líderes campesinos
Entre las demandas específicas, según los comunicados y declaraciones recogidas por la prensa, están:
- Aceleración de la compra de predios para el Fondo de Tierras y asignación inmediata a familias de pequeños productores.
- Titulación masiva y gratuita con acompañamiento técnico y financiero para garantizar la productividad.
- Investigación y sanción a redes de acaparamiento de tierras y colaboración interinstitucional para recuperar predios usurpados.
- Políticas de protección para páramos, cuencas y suelos agrícolas que permitan producir sin ocurrir en zonas de alto riesgo ambiental, pero con garantías para la gente del campo (conciliación entre conservación y sustento).
La voz del Gobierno y la institucionalidad
El Ejecutivo reconoce avances (entrega de títulos y compra de hectáreas en varios departamentos) y resalta la existencia de procesos institucionales: la ANT y la cartera de Agricultura han publicado cifras de entregas y planes. Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura se ha señalado en entrevistas públicas que la reforma agraria es un proceso de mediano y largo plazo, que debe ir acompañado de garantías legales y presupuestales para evitar conflictos y vulneraciones de derechos. Algunas voces oficiales han descartado la expropiación masiva como política inmediata, aunque han abierto la puerta a mecanismos de compra forzosa en casos legales muy concretos.
Riesgos y posibles escenarios
La amenaza de “tomar tierras” eleva el riesgo de enfrentamientos locales, problemas de orden público y litigios jurídicos largos. También coloca sobre la mesa un dilema complejo: la necesidad real de acelerar la justicia agraria frente al imperativo de garantizar seguridad jurídica y evitar que se generen vacíos que actores armados o redes ilegales puedan explotar. Organizaciones de derechos humanos y algunos sectores del Gobierno llaman al diálogo inmediato y a mesas técnicas con plazos verificables para evitar la escalada.
Conclusión
La advertencia de los voceros campesinos es un síntoma de frustración acumulada: a pesar de avances visibles en entregas puntuales, la percepción en el terreno es que el ritmo no alcanza para reparar décadas de desigualdad y acaparamiento. La próxima semana será clave: el Gobierno deberá decidir si convoca una mesa nacional con cronogramas vinculantes o si las organizaciones sociales elevan la presión con movilizaciones y acciones directas sobre predios. En cualquiera de los escenarios, la reforma agraria y la forma en que se ejecute seguirán siendo un factor central en la estabilidad rural y política del país.
10
