El registrador nacional, Hernán Penagos, pausó la convocatoria de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, prevista para el 7 de agosto, hasta que los tribunales superiores se pronuncien sobre su legalidad. La medida responde a más de 150 demandas presentadas ante entidades como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que cuestionan la constitucionalidad del decreto presidencial.
Penagos justificó la decisión argumentando que se busca evitar una “anarquía constitucional” y resguardar el principio de separación de poderes. El ministro del Interior, Armando Benedetti, criticó la medida, calificándola como un “exceso de funciones” del registrador.
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