La Contraloría General de la República ha emitido una seria advertencia sobre la situación migratoria en Colombia, señalando un sistema desbordado por la falta de recursos y un nuevo desafío: el retorno masivo de migrantes debido a las restrictivas políticas en Estados Unidos. Este panorama genera una preocupación significativa sobre el impacto fiscal y social en el país, que ya experimenta un acelerado aumento en el gasto público para atender a esta población.
El organismo de control destaca graves brechas en la política pública contra el tráfico de migrantes, evidenciando una «desalineación entre la planeación y la implementación» de estrategias, así como la ausencia de normativas claras y objetivos medibles. A esto se suma una alarmante escasez de recursos, con entidades reportando limitaciones para implementar medidas de protección y persecución de este delito. Municipios y departamentos, aunque se sienten «desbordados», no perciben el tráfico de migrantes como una prioridad, lo que reduce la asignación de fondos para su prevención y atención. Además, Migración Colombia no cuenta con el personal suficiente, lo que compromete la eficacia de sus operaciones frente al creciente flujo migratorio.
El reto de la «migración inversa» y su costo fiscal
Las recientes políticas migratorias de Estados Unidos, que incluyen la suspensión de facilidades de asilo y la autorización de redadas, han provocado un cambio drástico en la dinámica regional. El flujo irregular de personas hacia el norte disminuyó un 62% en lo corrido de 2025. Sin embargo, Colombia ahora enfrenta una «migración inversa», con miles de migrantes retornando a sus países de origen, muchos de ellos desde Centroamérica. La Contraloría alerta que este flujo de retorno, que entre enero y abril de este año sumó más de 7.500 personas ingresando por vía marítima, expone nuevamente a los migrantes a riesgos de trata, desapariciones y naufragios, siendo especialmente preocupante que el 43% de este grupo sean mujeres, niños, niñas y adolescentes.
El Modelo Costo Migrantes de la Contraloría revela que el apoyo gubernamental a 1.179.270 migrantes ha significado un costo de 2,93 billones de pesos. Sin embargo, la entidad advierte sobre un «crecimiento acelerado» de estos gastos, lo que podría comprometer seriamente la sostenibilidad del presupuesto público. La alta concentración de migrantes en ciertas regiones también está afectando la prestación de servicios esenciales, particularmente en salud, donde se ha identificado sobrecarga en el régimen subsidiado, duplicidad de subsidios y fallas en el registro de información. La Contraloría hace un llamado urgente a fortalecer los sistemas de control, mejorar la planeación fiscal y focalizar los recursos para asegurar una atención adecuada y proteger la estabilidad de los servicios públicos del país.
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