La vía Panamericana volvió a ser escenario de bloqueos. A la altura de La Agustina, comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y campesinos cerraron el paso en ambos sentidos, paralizando la movilidad en el corredor internacional que conecta a Cali con Popayán. La protesta, que se extendió por varias horas, ocasionó filas de kilómetros, represamiento de carga y malestar entre viajeros y transportadores.
La vocera Carmenza Camayo explicó que la movilización busca garantías para la constitución de territorios indígenas, mejoras en el sistema de salud propio y la presencia de ministros para cumplir acuerdos previos. Aunque la vía fue desbloqueada hacia la tarde, las comunidades advirtieron que, si no hay avances en el diálogo, las manifestaciones podrían reanudarse.
El problema va más allá de la movilidad. En Popayán, a pocos días de iniciar el Festival Gastronómico, uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del país, reina la preocupación. El cierre de la Panamericana desincentiva la llegada de visitantes, genera sensación de inseguridad y amenaza con golpear duramente la economía local, especialmente a restaurantes, hoteles y pequeños negocios que dependen del turismo.
Ana Muñoz, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca, recordó en entrevista menciona que “el turismo es uno de los sectores más importantes en el centro del departamento, y los bloqueos lo han venido deteriorando progresivamente”. Además, advirtió que el tejido empresarial está compuesto en un 95 % por microempresas, las más vulnerables ante este tipo de crisis.
Los datos son contundentes. Según Muñoz, el paro de 45 días en 2021 afectó la economía del Cauca “3.2 veces más que la pandemia” y provocó el cierre del 58 % de los micronegocios de Popayán. Para muchos ciudadanos, la historia amenaza con repetirse. “No es justo que por exigirle al Gobierno se termine castigando al pueblo que vive del día a día”, expresó un comerciante afectado.
Mientras el Gobierno Nacional prepara su llegada al Cauca para retomar los diálogos, la incertidumbre sigue pesando sobre la región. Lo que para algunos es una legítima forma de protesta, para otros se traduce en sabotaje económico. El dilema está servido: ¿defensa de derechos colectivos o un golpe a la economía popular?
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