La junta directiva de Johana Aranda en Ibagué ha desatado una tormenta política significativa tras revelar que durante su primer año como alcalde, asignó casi $ 18,000 millones de recursos públicos a una variedad de fiestas, eventos, espectáculos y medios de comunicación.
El escándalo emergió en medio de un debate de supervisión política, encabezado por el ministro Jorge Bolívar, quien se mostró contundente al calificar estos costos como «desechos vergonzosos», especialmente considerando que la ciudad enfrenta serias carencias en materia social.
El ministro Bolívar detalló que los documentos públicos indican que la mayor parte de este presupuesto fue a parar a manos de Leon Graphics Company, que recibió contratos por un total de $ 11,668 millones para la planificación de eventos, incluyendo el Festival Nacional Colombiano.
Además, la Fundación IMIX recibió $ 2,812 millones, el grupo activo tuvo asignaciones de $ 1,327 millones, y un particular, Cristian Montoya, fue beneficiado con $ 1,153 millones, lo cual ha suscitado aún más controversia.
Fiestas excesivas
Lo más alarmante, basado en las revelaciones, es que mientras Aranda derrochaba dinero en celebraciones festivas, miles de adultos mayores en Ibagué apenas recibieron ayudas simbólicas: un total de $ 800 millones en programas que ni siquiera se enfocaron en la provisión de alimentos básicos, sino más bien en servicios como cortes de cabello y manicura, lo que ha sido criticado ampliamente por la comunidad.
Esta es una situación desalentadora, ya que los fondos destinados a un propósito tan trivial contrastan marcada y lamentablemente con las serias necesidades de los ciudadanos que requieren asistencia real.
Además, se ha hecho público que la oficina del alcalde destinó la suma de $ 260 millones a Jorge Varón Televisión para la realización de uno de los eventos más reconocidos del año en el 42º Departamento de Deportes.
El ministro Bolívar expresó que «con un gobierno más riguroso y consciente, podríamos haber ahorrado al menos $ 10,000 millones que podrían haberse dirigido a necesidades sociales urgentes», enfatizando la irresponsabilidad fiscal que se está evidenciando.
En notable contraste con este despilfarro, IBaBu sigue sufriendo por la falta de una cantina comunitaria, y por la carencia de cámaras de seguridad en diversas áreas, sumado a las condiciones precarias de las carreteras que están llenas de calles peligrosas y mal mantenidas. La realidad es que la ineficiencia administrativa está exacerbando la situación de vulnerabilidad de los ciudadanos en esta comunidad.
Ante tal panorama, el ministro Bolívar ha instado al concejal local a iniciar una investigación urgente con el fin de determinar si hubo irregularidades en los contratos millonarios firmados para el año 2024.
Él advirtió: «No podemos seguir permitiendo que el capital público se convierta en un espectáculo de luces, mientras los ciudadanos claman por seguridad, alimentación y atención en salud». Esta afirmación refleja el clamor de muchos ciudadanos que esperan un cambio significativo en la administración.
Este escándalo implica no solo un llamado de atención sobre la gestión de Aranda, sino que podría ser catalogado como uno de los mayores casos de despilfarro de recursos públicos en la historia reciente de Ibagué. El futuro político de Aranda se ve amenazado, mientras la ciudadanía demanda cuentas claras y acciones que realmente reflejen las necesidades de la comunidad.
¿La entrada se convirtió en el dinero desperdiciado? Se publicó por primera vez en extra | El diario de todos.
