El ministro condena los pilares del gobierno criminal en Bogotà
Aunque América Latina aumenta sus planes de seguridad, los resultados aún no justifican el costo. El Banco de Desarrollo Interamericano (BID) advierte que el área ha elegido durante muchos años para los métodos de «mano dura» que no reducen efectivamente el crimen. América Latina asigna el 5,4% de su gasto total para seguridad y justicia, en comparación con el 3.3% de los países de la OCDE. Sin embargo, la mayoría de estos remedios van al público y tienen prevención, investigaciones penales y atención social en el fondo.
Estante
Bogotá no escapa de esta tendencia. En 2024, tuvo el mayor número de asesinatos desde 2016 y en los primeros cuatro meses de 2025 cuando 378 asesinatos, 5.6% más que el año anterior. Según la Fundación Pares, más de 85 organizaciones criminales operan en la ciudad, incluidos Eln, Persa y Aragua Train. Estas agencias comparten territorio con un subcontratista criminal, que permite externalizar los delitos y reducir su exposición directa a las autoridades.
El fenómeno va más allá de la violencia. En industrias como Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar o mártires, una pandilla criminal ha establecido los tipos de gobernanza criminal y ha proporcionado al estado para proporcionar servicios, justicia y empleo. Según la oficina del defensor del pueblo, las distancias institucionales y las condiciones para estas estructuras hacen comunidades enteras.
Hacia una política de seguridad con un enfoque social y evidencia
Expertos como Gerson Arias (FIP) y Antonio Perry están de acuerdo en que el país necesita mejorar su política penal. No es suficiente fortalecer el pie de la fuerza o llenar las cárceles. Se requiere una política integral que combine las acciones de la policía, la intervención social, el fortalecimiento del poder judicial y un aspecto basado en datos científicos. Hoy, el 76% del asesinato en la región es punible y el 41% de los prisioneros no tienen condena.
La Agencia de Bienestar Colombiana también advierte sobre los factores de riesgo que llevan a los jóvenes a delitos: abandono, pobreza, uso de drogas y ambiente criminal estándar. Por lo tanto, la seguridad debe dejar de ser una reacción al delito y convertirse en un compromiso para evitar que las raíces.
Bogotá necesita más inteligencia, mejor inversión y presencia estatal efectiva donde hoy envía el crimen.
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