La justicia colombiana impone hasta 26 años de cárcel a los máximos cabecillas de las Autodefensas de Casanare.
El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal dictó una sentencia histórica contra los líderes de las extintas Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Los hermanos Héctor Germán Buitrago Parada (alias Martín Llanos) y Nelson Orlando Buitrago Parada (alias Caballo), junto a otros mandos, fueron hallados responsables de 15 asesinatos y dos desapariciones forzadas ocurridos entre 2003 y 2004. Las penas alcanzan los 26 años y ocho meses de prisión tras la aceptación de cargos por su responsabilidad jerárquica en estos crímenes de lesa humanidad.
La investigación judicial determinó que estos cabecillas ordenaron una estrategia de «limpieza social» y control territorial en municipios como Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal. Bajo sus instrucciones, las estructuras armadas identificaron y eliminaron a civiles señalados erróneamente de ser opositores o colaboradores de otros grupos. El fallo resalta la gravedad de estos hechos, que no solo buscaron el dominio militar, sino que fracturaron profundamente el tejido social del departamento de Casanare durante la década pasada.
Entre los casos más dolorosos acreditados en el proceso figura la desaparición de una menor de 16 años, cuyo paradero sigue siendo un misterio para sus familiares y las autoridades. La sentencia incluye a otros mandos como Josué Darío Orjuela (‘Solín’) y Héctor Gregorio Hernández (‘Pocholo’), este último condenado a 17 años de cárcel. Con este veredicto, la justicia busca cerrar un capítulo de impunidad sobre las acciones de la cúpula paramilitar que sembró el terror en el oriente colombiano.
Además de la privación de la libertad, el fallo establece medidas de reparación económica y simbólica. Cada familia de las víctimas recibirá una indemnización por daños morales equivalente a 50 salarios mínimos. Aunque el dinero no devuelve la vida de sus seres queridos, representa un reconocimiento del Estado a su sufrimiento. Las autoridades esperan que este avance judicial incentive la búsqueda de la verdad sobre las personas que aún permanecen desaparecidas tras el paso de las ACC.
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