En la Liga Putuayo, se vive un ambiente de expectación y expectativa respecto a la resolución que tomará el gobierno del gobernador Jhon Gabriel Molina Acosta. Esta expectación se debe principalmente a que hay un proceso de invalidación en curso que pone bajo revisión su elección como gobernador. Este procedente ha sido establecido ante el Consejo de Estado por parte del abogado Hugo Armando Granja Arce, quien ha solicitado la anulación de la Ley Electoral que validó a Molina para el periodo gubernamental 2024-2027, documento que fue registrado formalmente en el E-26 del 25 de febrero de 2025.
Hasta este momento, no ha habido una comunicación oficial que indique una decisión final sobre este importante asunto. De esta manera, el proceso continúa su curso y las partes involucradas siguen a la espera de una resolución definitiva.
El argumento central de la demanda se basa en una supuesta incapacidad que tiene el gobernador, la cual se fundamenta en el hecho de que su hermana, Lucy Maritza Molina Acosta, ocupa un papel relevante como Secretaria General del Ministerio de Educación, un puesto que fue asignado a través de un decreto presidencial. El demandante sostiene que esta relación familiar implica que el gobernador podría estar utilizando su posición para influir indebidamente en el gobierno, lo que podría llevar a un impacto relevante en la Liga Putumayo. Este alegato es clave para sustentar la causa de su supuesta incapacidad y podría ser determinante en la decisión final del Consejo de Estado.
Además de lo mencionado anteriormente, se han planteado otras acusaciones que involucran a Lucy Molina. Se afirma que ha participado en actividades que comprometen la integridad de la administración pública, en particular la firma de un memorando de entendimiento en el año 2024 en Putuayo, que supuestamente ha tenido repercusiones en el funcionamiento de la liga local. Las implicaciones de estas acciones son motivo de discusión y generan más incertidumbre sobre el futuro del liderazgo de Molina en Putuayo.
El Consejo de Estado, tras recibir la demanda en marzo de 2025, otorgó a Molina un lapso de 15 días para que él, así como el Consejo Electoral y la Agencia Nacional sobre la Defensa Legal del Estado, presenten sus respectivas respuestas al caso. Por lo tanto, el proceso continúa avanzando; en la comunidad se espera con interés la decisión final que definirá quién se mantendrá al frente del gobierno en Putuayo. Las ramificaciones de este caso son significativas, y todos los ojos están puestos en el desenlace de lo que podría ser un cambio crucial en la estructura de liderazgo dentro de la región.
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