En relación a la autoridad política en el Consejo de Ibagué, el Ministro Silvia Ortiz ha solicitado una evaluación exhaustiva de la permanencia de Erika Palma en su cargo como Secretario General de la Compañía de Aqueductos y del Secretariado de Iguagueres, conocido como Ibal. Según la información obtenida, parece que la gestión actual de Palma está marcada por diversas deficiencias tanto en el ámbito administrativo como en el institucional. Esta situación ha generado un clima de descontento y cuestionamiento por parte de los actores involucrados en dicha compañía.
El Ministro Ortiz ha defendido el enfoque de Palma, destacando que, a pesar de que ella posee un sólido formato técnico, caracteriza su forma de gestión como «humana, cercana a las personas y con la voluntad de construir relaciones tanto con el gobierno como con la ciudadanía». Sin embargo, Ortiz también ha señalado que la compañía debería enfrentar medidas punitivas debido a su incapacidad de atender los reclamos públicos de manera adecuada. Además, ha criticado el trato despectivo que han recibido algunos concejales por parte de la administración de la compañía, sugiriendo que este tipo de actitudes no son aceptables en una gestión pública.
Despido
El Ministro afirmó: «El gerente continuo de Ibal debe evaluar la situación en su totalidad (…) No estamos aquí para ocultar la verdad, sino para cumplir con nuestras responsabilidades. No nos quedaremos en silencio cuando nuestra misión es buscar respuestas para la ciudadanía». En su intervención, Ortiz hizo un llamado a que se establezcan como prioridades la sensibilidad social, la efectividad de los servicios de comunicación y, por supuesto, el respeto hacia las instituciones que conforman el gobierno local.
¿Sucederá algo?
Con este pronunciamiento, la presión política sobre la gestión de Erika Palma se intensifica, aunque aún es incierto si el gobierno local tomará alguna acción concreta respecto a su continuidad en el cargo. Esta situación ha puesto de manifiesto una creciente tensión entre el consejo y la empresa de servicios públicos, lo que podría llevar a más conflictos en el futuro. Por lo tanto, la comunidad y los involucrados estarán atentos a nuevas decisiones que podrían surgir a raíz de estas disputas políticas y administrativas.
6
