Un comunicado firmado por las disidencias de las Farc-EP, con fecha del 6 de julio de 2025, encendió las alarmas en el departamento del Cauca al lanzar serias acusaciones contra el actual gobernador, Octavio Guzmán. En el documento, el grupo armado lo señala de facilitar la expansión minera en el Macizo Colombiano incluyendo actividades ilegales bajo el disfraz de militarización “por la seguridad”.
Los señalamientos apuntan directamente a Guzmán como promotor de intereses mineros legales e ilegales en zonas estratégicas de conservación, utilizando el aparato estatal para proteger negocios privados vinculados presuntamente a su círculo cercano. Las disidencias mencionan predios específicos como El Palmar, Arbeláez y “La Pampa”, que, según el comunicado, habría servido como fuente de recursos para financiar su carrera política.
Aunque el comunicado proviene de una estructura armada ilegal y carece de pruebas verificables, su contenido coincide con denuncias que desde hace meses circulan en territorios campesinos e indígenas, donde se advierte sobre el aumento de solicitudes mineras y la presencia de maquinaria en zonas protegidas. Esto, mientras el gobierno departamental mantiene un silencio funcional frente al avance del ctivismo.
La respuesta oficial de la Gobernación un breve comunicado que califica los señalamientos como “infundados” no ha logrado disipar las sospechas. Por el contrario, sectores sociales cuestionan la falta de transparencia en los procesos de titulación minera durante la administración de Guzmán y la poca voluntad política para frenar la destrucción ambiental.
La gestión del gobernador ha sido ambigua desde el inicio: discursos de defensa territorial mientras se permite el avance de intereses económicos sobre los ecosistemas más valiosos del país. Hoy, las acusaciones lo ubican no como garante de los derechos del territorio, sino como un actor funcional a los intereses del capital minero, incluso en alianza con estructuras armadas que disputan el control de las rentas ilegales.
Guzmán, quien llegó al poder con un discurso de renovación y defensa ambiental, enfrenta hoy el mayor descrédito de su mandato. Las denuncias, aunque provengan de un actor armado, abren un debate urgente: ¿a quién sirve realmente el poder en el Cauca? ¿A los pueblos o a los dueños de la tierra y el oro?
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