En una reciente reunión parlamentaria celebrada en el municipio, el Parlamento de Tolima ha dado un paso significativo al aprobar la implementación de informes públicos. Estos informes estarán destinados a evaluar el impacto potencial de las zonas protegidas para la producción agrícola (ZPPA) en el sector agrícola, particularmente en la parte norte de la sala. Esta iniciativa ha surgido como una respuesta a las preocupaciones de diversas comunidades y sectores económicos que podrían verse afectados por la puesta en marcha de esta resolución.
La propuesta fue presentada por el diputado Felipe Ferro Lozano, quien ha mostrado una firme determinación para garantizar que todos los municipios, comercios y comunidades que pudieran ser impactados por la implementación de la resolución 000352 de 2024, emitida por el Ministerio de Agricultura, estén debidamente representados. Durante su discurso, Ferro expresó: «Vemos con tristeza cómo el gobierno de Gustavo Petro tiene la intención de poner su ideología en la fuente y la dictadura». Estas palabras subrayan la preocupación del diputado acerca de las implicaciones políticas y económicas de la resolución.
Círculo
La solicitud también contempla que el Ministerio de Agricultura llame al Gobierno, así como a los alcaldes de ocho municipios de la región Norte Tolimense. Entre los participantes se incluirán la UPRA, representantes de los trabajadores agrícolas, mineros y sectores ambientales, además de agricultores e indígenas. La presentación de mapas y criterios técnicos relacionados con la demarcación de las ZPPA, así como la definición de prioridades de producción y sistemas de compensación para los afectados, serán partes integrales del proceso. Esto refleja un esfuerzo por considerar diferentes perspectivas y asegurar que las voces de las comunidades sean escuchadas y valoradas en el desarrollo de políticas agrícolas.
Por otro lado, algunos suplentes advirtieron sobre la falta de claridad respecto a las restricciones del uso de la tierra. Este vacío informativo podría dar lugar a una incertidumbre económica y social en las comunidades rurales. Argumentaron que es esencial que cualquier plan de restauración del territorio tenga en cuenta las realidades productivas de cada municipio. No debería imponerse un modelo que desconociera las particularidades del contexto agrícola y minero, que son vitales para el sustento y la economía local. En este sentido, la participación activa de la comunidad en el proceso se considera crucial para lograr un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el desarrollo agrícola sostenible.
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