La oficina del Ministro de Justicia detuvo la resolución ambiental de Savannah Bogotá.
La Oficina del Ministro de Justicia ha llevado a cabo una solicitud contundente dirigida al Ministerio del Medio Ambiente, pidiendo la anulación de la resolución sobre el Plan Ambiental de Savannah en Bogotá, que actualmente se encuentra en proceso de consulta pública. Esta medida busca asegurar que se inicie un nuevo proceso de regulación, ajustándose meticulosamente a las directrices establecidas en el decreto 1081 de 2015, un reglamento vital para la gestión ambiental.
Esta exigencia surge tras una evaluación minuciosa del proceso actual, donde la institución encargada de la gestión determinó que no se justificó un nivel adecuado de participación y contradicción en las consultas realizadas. En su declaración pública, la Oficina del Ministro de Justicia declaró que «los documentos y la evidencia técnica que fueron sometidos deberían ser devueltos para permitir que las partes interesadas, la industria y los ciudadanos que no tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones puedan participar adecuadamente».
Una de las preocupaciones más destacadas del ministerio público radica en la ausencia de garantías legales para los ciudadanos que han participado o que desean participar en las consultas públicas programadas hasta el 28 de abril. Esta situación ha suscitado inquietud entre los ciudadanos sobre los riesgos legales que podrían enfrentar debido a su participación.
«La solicitud se lleva a cabo para garantizar que se cumplan las normativas y para proporcionar seguridad legal, evitando cualquier confusión sobre las posibles repercusiones de participar en este proceso», manifestó el Ministro de Justicia.
Tensión política y técnica
El proyecto de resolución fue presentado por el Ministerio del Medio Ambiente a principios de marzo y, desde entonces, ha generado una intensa controversia. Aunque la propuesta tiene como objetivo establecer nuevas instrucciones para la planificación ambiental de Savannah Bogotá, ha encontrado una fuerte oposición de diversas partes, incluyendo la oficina del alcalde de Bogotá, el gobierno de Cundinamarca, y sectores industriales como el de la construcción. Estas entidades argumentan sobre la falta de un proceso adecuado de socialización y diálogo, el cual consideran fundamental para la aceptación de cualquier cambio normativo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, fue uno de los primeros en manifestarse en contra. En sus declaraciones, aclaró que la propuesta no se coordinó con la estructura de la capital y que su aprobación podría generar incertidumbre en el futuro de al menos 138 proyectos de infraestructura cruciales, tales como el metro de Bogotá, la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), y el intercambio en la Calle 80.
«La falta de claridad sobre qué áreas se consideraría humedales deja en un estado incierto proyectos claves para la ciudad», advirtió Galán.
La iniciativa en cuestión fue uno de los últimos proyectos presentados por la exministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, quien defendió la resolución alegando que su objetivo era proporcionar una orientación clara respecto a la protección ambiental de la sabana, sin interrumpir los trabajos que ya estaban en marcha o finalizar los procesos de urbanización que ya estaban aprobados.
«El alcalde está completamente desinformado», contrargumentó Muhamad.
Sin embargo, la Oficina del Ministro de Justicia insistió en que toda norma destinada a organizar el uso del territorio y modificar las reglas ambientales debe estar respaldada por un proceso extenso, claro, y responsable. Por esta razón, no solo solicitó la revocación del proyecto actual, sino que también instó a reiniciar el procedimiento desde cero, asegurando una consulta pública robusta y en conformidad con las decisiones judiciales previas relacionadas con la protección del territorio de Bogotá.
Por otro lado, el Ministerio del Medio Ambiente aún no ha emitido una respuesta oficial sobre su decisión de seguir adelante con la implementación de la Unidad de Gestión. Sin embargo, es evidente que la clasificación de la sabana se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre los aspectos técnicos, políticos, y ambientales del debate.
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