remio de transportadores de carga pesada se declaró en máxima alerta tras la expedición del Decreto 126 por parte del presidente Daniel Noboa, que aumentó el precio del ACPM de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El incremento, de un dólar, ha generado un fuerte rechazo por parte de los conductores, quienes aseguran que la medida no fue socializada y representa un duro golpe económico para el sector.
Omar Guerrón, dirigente del gremio, afirmó que la principal exigencia es la derogación inmediata del decreto y subrayó que no aceptarán bonos ni subsidios.
“No queremos dádivas. Lo que pedimos es un piso tarifario que nos permita trabajar con reglas claras y cubrir el impacto del alza de los combustibles”, puntualizó.
El Gobierno planteó un esquema de compensación focalizada dirigido a buses interprovinciales y taxis, dejando por fuera al transporte de carga. Esto ha generado aún más inconformidad en el sector, que insiste en que no busca ayudas asistenciales, sino condiciones que garanticen la sostenibilidad de la actividad económica.
A la crisis por el aumento del combustible se suma la grave situación de seguridad que enfrentan los transportadores en carreteras del litoral ecuatoriano, donde se reportan asesinatos, extorsiones y secuestros. Guerrón denunció que los conductores son víctimas de “vacunas” que alcanzan hasta 15.000 dólares y que muchos terminan perdiendo la vida en el cumplimiento de su labor.
El jueves pasado, los gremios solicitaron una reunión urgente con el Ministerio del Interior, pero el ministro no asistió. Solo después de que se anunciara un paro nacional, cinco ministros del frente de seguridad se desplazaron a Tulcán para iniciar conversaciones. Sin embargo, la molestia por la falta de atención inicial ha aumentado el descontento entre los transportadores.
En la provincia del Carchi, la ciudad de Tulcán amaneció este lunes con bloqueos en varias vías. Aunque el puente internacional de Rumichaca continúa habilitado, Guerrón advirtió que podría cerrarse en las próximas horas si no se obtienen respuestas claras por parte del Gobierno.
“Queremos dar un plazo para que los compatriotas colombianos puedan salir o ingresar, pero el cierre es una posibilidad real”, sostuvo.
El gremio de carga pesada insiste en que la solución está en establecer un sistema tarifario regulado que permita cubrir los costos operativos. De lo contrario, advirtieron que el paro nacional podría extenderse, generando consecuencias económicas incalculables para la frontera norte y el comercio internacional.
7
