El exministro del Interior colombiano Luis Fernando Velasco Chaves se convirtió en uno de los protagonistas de uno de los escándalos judiciales más relevantes en la última etapa de 2025: su medida de aseguramiento en centro carcelario dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, en medio del proceso que se adelanta por un presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El 18 de diciembre de 2025, la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero decidió imponer esta medida, que contravino lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación —que había pedido prisión domiciliaria para Velasco y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla—, al considerar que la gravedad de los hechos y el papel que desempeñarían los implicados exigían reclusión en establecimiento carcelario.
Contexto del caso: ¿de qué se acusa a Velasco?
La Fiscalía imputó a Velasco y Bonilla cargos como concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, en un proceso que tiene su origen en el escándalo de la UNGRD. Según la investigación, ambos exfuncionarios habrían tenido un rol clave en el direccionamiento irregular de contratos y la desviación de recursos públicos, presuntamente buscando influir políticamente en el Congreso de la República a cambio de apoyos políticos al gobierno del presidente Gustavo Petro.
La investigación indica que estos recursos estaban destinados a atender emergencias y beneficiar a poblaciones vulnerables, pero se habrían ocultado mediante sobrecostos y mecanismos organizados que implicarían a funcionarios, contratistas y congresistas.
La audiencia y la postura de Velasco
Durante la audiencia en la que se decidió la medida de aseguramiento, Velasco hizo una intervención ante el Tribunal en la que negó categóricamente las acusaciones, asegurando que no es responsable de los delitos que se le atribuyen. Su discurso inició con un tono moderado y fue subiendo en intensidad mientras expresaba su rechazo a la decisión.
Velasco afirmó que continuará defendiendo su inocencia incluso desde la cárcel, con argumentos que busquen convencer, no solo al Tribunal que lo juzga, sino a otros jueces en instancias superiores. Dijo que su lugar en ese momento era “dándole la cara a los colombianos”, aclarando que no buscaría evadir sus responsabilidades ni aprovecharía su posición política para hacerlo.
Además, cuestionó la idea de que representaba un peligro para la sociedad —un argumento que fue parte del razonamiento del Tribunal para dictar la reclusión— y aseguró que, durante más de 18 meses de indagaciones, no existe evidencia objetiva que demuestre que él haya intentado interferir en el proceso o afectar la recolección de pruebas.
Velasco también presentó un recurso de reposición, en el cual sostiene que no cuenta con garantías adecuadas para ejercer su defensa en esas condiciones y cuestiona la valoración probatoria del Tribunal, argumentando que se habría construido una narrativa artificial en su contra y que no existe evidencia concreta que lo vincule directamente con los hechos.
Entrega voluntaria y cumplimiento de la orden
Tras su intervención, Velasco cumplió con lo que había anunciado: se entregó a las autoridades correspondientes, presentándose ante el INPEC en Cali para dar cumplimiento a la orden de medida de aseguramiento.
Por su parte, Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, fue capturado por la Policía Judicial y el CTI al finalizar la audiencia en el recinto del Tribunal en Bogotá, y también deberá responder a la misma medida preventiva.
Repercusiones en la política nacional
La decisión ha generado reacciones en distintos sectores de la política y el mundo judicial. Algunos analistas han destacado la dureza de la medida frente a dos exfuncionarios de alto rango en el anterior gobierno, mientras que la defensa de Velasco y Bonilla promete seguir apelando la decisión en instancias superiores, argumentando que no se ha acreditado suficientemente su participación en los hechos que se investigan.
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