Una acción de tutela fue interpuesta en las últimas horas con el objetivo de suspender de manera provisional el decreto mediante el cual el Gobierno Nacional fijó el aumento del salario mínimo para 2026. La solicitud pide al juez constitucional adoptar una medida urgente mientras se estudia de fondo la legalidad de la decisión.
La tutela fue presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares Cantillo, quien actúa como apoderado, y señala que el incremento salarial habría sido expedido sin agotar adecuadamente el proceso de concertación exigido por la ley con los actores sociales.
En el documento se solicita dejar sin efectos, de manera temporal, los Decretos 1469 y 1470 de 2025, argumentando que el procedimiento adelantado en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales no cumplió con los estándares de deliberación real y efectiva.
Según la acción judicial, esta presunta omisión vulneraría derechos fundamentales como el debido proceso, la participación y la concertación social, además de desconocer principios constitucionales propios del Estado social de derecho.
La tutela también advierte que el aumento del salario mínimo podría generar efectos negativos inmediatos sobre los pequeños negocios, el empleo formal y los trabajadores informales, por lo que permitir que el decreto siga vigente sin una revisión judicial podría ocasionar perjuicios irremediables.
Finalmente, el escrito recalca que el salario mínimo es una herramienta de protección social y no solo una cifra económica, por lo que su definición debe responder a criterios de justicia, proporcionalidad y respeto por los mecanismos de diálogo social establecidos en la normativa laboral colombiana.
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