Según los informes, Daniel Bargurgan ha recibido un contrato jugoso
Una nueva controversia ha sacudido el Departamento Administrativo de Servicios Públicos (UAESP), centrando la atención en Daniel Barragán, un contratista que, según la ministra Diana Diago, se benefició de un contrato que supera los 220 millones de pesos. Este contrato se obtuvo sin que Barragán cumpliera con los requisitos mínimos que la unidad solicita para este tipo de acuerdos.
Barragán tuvo la oportunidad de conectarse a través del contrato UAESP-004-2024, que estaba destinado a proporcionar soporte especializado en la dirección general de la unidad. Para ocupar ese puesto, los requisitos eran claros: debía contar con estudios de posgrado y más de 97 meses de experiencia laboral. Sin embargo, en la documentación presentada para su acreditación, tan solo se incluyeron 60 meses de experiencia. A pesar de esta clara deficiencia en los requisitos, el contrato fue firmado, y la suma a la que se comprometió sobrepasa los 220 millones de pesos, lo que genera preocupaciones sobre la legalidad y ética del proceso.
Relaciones forzadas y vecindad política
Según Diago, UAESP justificó este reclutamiento inusitado “para cumplir” la experiencia laboral exigida mediante una discusión sobre la capacitación teórica que Barragán había recibido. “Una maestría no puede en ningún caso reemplazar casi cuatro años de experiencia laboral. Sin embargo, aquí se están gestionando contratos públicos en esta unidad”, cuestionó la ministra, lo que resalta la seriedad del proceso.
Un punto aún más preocupante es que esta situación no parece ser un incidente aislado. Anteriormente, ha habido irregularidades similares con otros contratistas, como Isabel Camacho, quien es percibida como cercana al director Consullo Ordóñez. En su caso, Camacho fue contratada, posteriormente renovada, a pesar de que su experiencia y sus capacidades eran cuestionables y poco claras.
La situación de Barragán sigue un patrón conocido, según la denuncia presentada. Se menciona que su cercanía a Ordóñez se remonta a varios años atrás, cuando ambos trabajaron juntos en el Banco Central de Santander y después en diferentes unidades regionales. Esta relación, que se ha mantenido esporádicamente, parece haber influido en la decisión de contratación, a pesar de que no cumplía con los requisitos legales establecidos para este proceso.
Ejecución repetida con total impunidad
Para la ministra, estas prácticas demuestran cómo se utilizan los recursos públicos para satisfacer favores políticos: “Esto no es una cuestión de meritocracia o transparencia. Lo que está en juego son contratos en cadena diseñados para beneficiar a los amigos del director.” Su declaración pone de manifiesto la gravedad de la situación, que no solo compromete la ética institucional, sino que también pone en tela de juicio la credibilidad del proceso de contratación en la región.
La ministra ha solicitado la intervención urgente de reguladores y ha pedido un mayor seguimiento sobre cómo se gestionan los recursos públicos en las ciudades, resaltando la necesidad de una supervisión más estricta para prevenir que estas prácticas continúen.
El acuerdo fue de aproximadamente 200 millones de pesos; además, el Ministro condena que este funcionario, así como muchos otros, no tienen los requisitos necesarios para la situación.
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