Este sábado 8 de noviembre de 2025, la Policía Nacional intervino para disolver mediante cargas una marcha convocada por el grupo ultra Núcleo Nacional en el centro de Madrid.
La manifestación, que según la Delegación del Gobierno congregó alrededor de 700 personas, partió del Paseo del Prado y se dirigió hacia la zona del Congreso de los Diputados.
El grupo convocante, que se describe como una asociación de «franquistas, falangistas y nacionalsocialistas (nazis)», según informes periodísticos, buscaba con su concentración reclamar la expulsión de migrantes y proclamar que «Europa debe ser para cristianos».
Durante el recorrido y especialmente al final de la marcha se registraron incidentes de violencia callejera: se quemaron contenedores, se tiraron motos al suelo, se reventaron cubos de basura y los agentes hicieron uso de cargas y, según informes, gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
En el momento de la dispersión, en calles cercanas al Congreso (calle Lope de Vega y alrededores del barrio de Las Letras), algunos de los participantes abandonaron pancartas y símbolos, mientras que otros se enfrentaron claramente al cordón policial, recogiendo adoquines del suelo, según testigos.
La Delegación del Gobierno confirma que al menos tres personas fueron detenidas a raíz de los altercados.
La actuación de la Policía estuvo marcada por el despliegue de unidades de intervención (UIP), la imposición de un cordón en torno al final del recorrido y la dispersión de los participantes. Al mismo tiempo, desde el grupo convocante se lanzó la orden de retirada cuando la Policía empezó las cargas, lo que permitió la huida de parte del contingente ultra por calles secundarias. El contexto en que se produce esta manifestación es relevante: se conmemora el segundo aniversario de las protestas organizadas por el mismo colectivo frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la calle Ferraz por la ley de amnistía a los condenados por el proceso independentista catalán. Según los organizadores, la elección del Congreso como destino de la marcha buscaba precisamente marcar su reivindicación política.
El hecho de que una manifestación ultra y abierta a consignas xenófobas y supremacistas haya sido autorizada previamente plantea un debate público sobre la naturaleza de las convocatorias de extrema derecha, la libertad de expresión, la seguridad ciudadana y cómo actúan las fuerzas del orden ante estos casos. El riesgo de que degeneren en violencia o traspasen los límites del discurso protegido ya ha sido señalado por organismos de derechos humanos y entidades antifascistas.
Desde distintas entidades políticas y sociales se han pronunciado condenas a la marcha y a los incidentes posteriores, reclamando medidas más fuertes contra el extremismo de ultraderecha, la incitación al odio y la violencia callejera. Las fuerzas de seguridad, por su parte, deberán rendir cuentas sobre su actuación, el uso de la fuerza y la gestión del orden público en un espacio tan sensible como el centro de la capital.
Este incidente recuerda que, aunque la mayoría de manifestaciones se desarrollan con normalidad, cualquier convocatoria con tintes extremistas o ideológicos hostiles puede convertirse en foco de tensión, especialmente en entornos urbanos densos como el centro de Madrid. Los ciudadanos que estaban en las cercanías, los comercios, las terrazas y el entorno de transporte público resultaron afectados por las detenciones, las cargas y la dispersión de los manifestantes. Asimismo, la presencia visible de símbolos ultraderechistas en pleno corazón de la capital genera preocupación sobre la normalización de discursos de odio.
En resumen, la actuación policial logró detener parte de los actos violentos y clausurar la manifestación, pero el incidente deja en evidencia varias cosas: la capacidad de movilización de grupos de ultraderecha, la tensión de su presencia en espacios públicos, los riesgos asociados a estas marchas y los desafíos que tiene el Estado y la sociedad para contener y hacer frente al ideario extremista sin menoscabar derechos fundamentales.
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