El anbbyist Jorge Bolívar ha expresado una fuerte condena en relación con la situación actual de los acuerdos de arrendamiento en curso, que suman más de 30 y están establecidos con diversas compañías. Esta preocupación lo llevó a cuestionar la falta de restricciones que han sido impuestas en la junta, subrayando que hay numerosas necesidades sociales que permanecen sin atención y que no están siendo adecuadamente satisfechas.
Dentro de este contexto, algunos de los contratos más onerosos son realmente llamativos. Por ejemplo, el Hotel Mystery SAS tiene un acuerdo con el Ministerio de Finanzas que asciende a la impresionante cifra de $ 2,153 millones. Además, se encuentra Asian Agro Colombia SAS, que arrienda la sede del Ministerio de Salud por un total de $ 1,229 millones. Otro contrato notable es el de Transacciones inmobiliarias, que ha conservado un acuerdo por $ 1.400 millones con el Comité Motorio. Asimismo, Inverlyc SAS es responsable del alquiler de instalaciones para el Ministerio de Educación, con un contrato valorado en $ 1,191 millones.
A esto se añaden compromisos financieros con firmas como Innova Marketing and Logistics, Nelson Castro y Cía SA, Infibagué y Liquors Inter-American Escobar SAS, entre otros, lo que eleva aún más la complejidad de la situación.
Bolívar hizo un llamado de atención sobre las posibles inconsistencias que pueden existir respecto a la cantidad real de ciertos contratos de arrendamiento. Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, hay una falta de claridad en el valor mensual del alquiler, que podría ser de $ 82 millones o $ 122 millones. Se presentan situaciones similares en el contrato con el Hotel Dulima, donde el costo mensual oscila entre $ 179 millones y $ 269 millones, revelando así una preocupante falta de transparencia en estos números.
Además, el ministro planteó inquietudes sobre posibles conflictos de interés. «Se ha comentado que después de Bambalin, el hotel adquirió propiedades de un político que introdujo otra cara en la situación. No sabemos si esta información es cierta, pero de ser así, representaría un grave problema», indicó.
El debate también ha traído a la luz contratos relacionados con Light Millionaire y la Fundación IMIX, que ha recibido un total de $ 5,046 millones mediante siete contratos relacionados con la oficina del alcalde, Infibagué e Ibagué (USI). Bolívar recordó que esta unidad ya había sido objeto de críticas en administraciones anteriores debido a su desempeño.
Un aspecto curioso, según el Ministro, es la diversidad de sectores que abarca la agencia, incluyendo transporte, servicios para personas con discapacidad y mano de obra. Esto le otorga a la agencia la posibilidad de contratar una amplia variedad de servicios sin una especialización definida. Un dato que encendió las alarmas fue el número de contratistas empleados para estos servicios; según Bolívar, ya se han firmado más de 3.600 contratos, lo que equivale a costos que superan los $ 140,000 millones este año. Antes del vestíbulo, había preocupaciones en torno al uso potencial de recursos públicos para la financiación de compromisos políticos, incluyendo la transferencia de personal proveniente de otros municipios.
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