A más de una década de los primeros intentos de formular una política pública para los residentes con discapacidad en Neiva, un nuevo proyecto de acuerdo ha reavivado las discusiones en el concejo municipal, esta vez encabezado por los concejales Alejandro Serna, Sebastián Prieto y Juan Carlos Parada.
La propuesta pretende beneficiar a más de 20.000 personas con discapacidad a través de tres ejes principales: el mínimo imprescindible de agua, incentivos fiscales y la introducción de criterios de participación en la contratación pública. Pero aunque la iniciativa se ha presentado como una cuestión de avance social, no ha estado exenta de cuestionamientos.
¿Construyendo promesas?
Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la creación de un sistema de prioridad en el acceso al agua para personas con discapacidad certificadas, así como desgravaciones por el pago de impuestos como el impuesto a la propiedad. A esto se suma la intención de incluir a este colectivo en los procesos de contratación pública.
Sin embargo, los críticos advierten que estas medidas podrían quedarse en el papel si no cuentan con suficiente respaldo financiero y capacidad institucional. La historia reciente del municipio, caracterizada por políticas que no se han implementado plenamente, genera dudas sobre su viabilidad.
Propuesta de retos
Los promotores han hecho un llamamiento a los ciudadanos, privados e instituciones para enriquecer el proyecto y garantizar su ejecución. Sin embargo, el desafío no es sólo construir una estrategia «sólida», sino garantizar que cuente con recursos, supervisión y resultados mensurables.
El debate recién comienza, pero deja una pregunta de fondo: ¿Neiva está lista para convertir esta iniciativa en una estrategia efectiva, o será una promesa más que se desvanece con el tiempo? Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando respuestas concretas más allá de los discursos.
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