La campaña de Natalia Caviedes a la Cámara de Representantes se desarrolla en medio de una creciente tormenta política y jurídica que pone en duda no sólo su discurso sino también la integridad moral del partido que decidió apoyarla. La Fiscalía General debe investigar el presunto manejo irregular de recursos por parte de la Electrificadora del Huila para favorecer sus ambiciones electorales, alegato que, de confirmarse, constituiría un uso grave del aparato público con fines misionales.
En Bogotá, los líderes de la Alianza Verde parecen haber hecho un frío cálculo: los votos importan más que el precedente. Pese al extenso historial de procesos disciplinarios, fiscales y penales en torno a la ex alcaldesa de Palermo, el Partido Girasol optó por abrirle sus puertas, sumándose así a la lista de decisiones que han debilitado la bandera anticorrupción y su credibilidad ante la opinión pública.
La estrategia de Caviedes, según importantes sectores, ha sido anticiparse. Buscar la jurisdicción política como escudo contra las sanciones que pudieran materializarse. No sería la primera vez que el poder se convierte en refugio. En el Huila aún recuerdan el proceso por el cual su entonces pareja sentimental, Andrés Felipe Vanegas, fue elegido inspector de distrito, una nominación rodeada de acusaciones de supuestos tratos políticos y presiones que hoy siguen siendo tema de debate en el Congreso.
Disputas
Las miradas también se posan en la Electrificadora del Huila. La llamada «vena rota» estaría relacionada con el rol del ingeniero Bladimir Solís Perdomo, esposo de la candidata y jefe de la Dirección Regional Norte durante más de una década. Desde esa posición estratégica, con influencia en doce municipios, se definen estudios previos, contratos, ampliación de redes, transformadores y equipos de iluminación: precisamente los productos que anhelan las comunidades rurales y, en tiempos electorales, muy rentables en términos políticos. Las visitas conjuntas de Caviedes, Solís y los equipos técnicos levantan sospechas sobre los límites cada vez más difusos entre gestión institucional y campaña.
A la directora de Electrificadora, Nika Cuéllar, le han dicho que guarde silencio y mire para otro lado para preservar la frágil estabilidad de la oficina. Aunque Solís ha sido removido recientemente del subdirector de distribución, su influencia y poder interno, según las fuentes, se mantienen sin cambios.
La carrera administrativa de Caviedes tampoco es menor. Como alcaldesa dejó facturas superiores a los $1,450 millones, mala gestión recaudatoria que perjudicó las finanzas municipales, acuerdos regulatorios firmados después de su implementación y la compra de cubrebocas durante una pandemia a precios que hoy son escandalosos. A esto se suman procesos por estafa, defraudación a gran escala, irregularidades en la legalización de un terreno de más de 7.600 metros cuadrados y 14 expedientes administrativos, tributarios y disciplinarios.
Las pérdidas financieras superarían los 1.700 millones de dólares, incluidos 200 millones de dólares en daños en un contrato con el Fondo Conjunto y otros 492 millones de dólares en contratos incumplidos. Números que pesan, hablan y que contradicen la narrativa de renovación que intentan vender en la plataforma.
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