En una rueda de prensa publicada recientemente por la revista Semana, el exfiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, afirmó que los indultos concedidos al grupo guerrillero M‑19 (Movimiento 19 de Abril) en el marco de su desmovilización —y que incluían los hechos de la toma del Toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985— quedaron derogados por una norma posterior y que, en consecuencia, los procesos penales correspondientes podrían reabrirse.
¿Qué ocurrió y qué norma está en juego?
La historia es la siguiente. En 1989, mediante la conocida Ley 77 de 1989, el Estado colombiano concedió indultos a miembros del M19 como parte de su proceso de paz y desmovilización. Sin embargo, en su intervención Martínez sostuvo que dicha normativa fue retirada del ordenamiento jurídico a través de la Ley 2085 de 2021, una disposición de “depuración legislativa” que eliminó del ordenamiento legal colombiano normas que, a su juicio, eran contrarias a la Constitución. “La ley de indulto fue derogada por la Ley 2085 de 2021”, señaló el exfiscal.
Argumento jurídico y constitucional
Martínez argumenta que los indultos concedidos a los miembros del M19 no pueden amparar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, los cuales, según la Constitución colombiana y el derecho internacional, son imprescriptibles e inhóspitos para indulto. “La ley no puede indultar esos delitos de lesa humanidad y esos crímenes de guerra. Sería inconstitucional”, aseveró.
Por tanto, al estar la norma de indulto considerada contraria al bloque de constitucionalidad, el hecho de retirarla del ordenamiento implicaría que ya no produce efectos jurídicos de inmunidad o cierre automático de las investigaciones según su planteamiento.
Implicaciones prácticas e investigaciones
Si su afirmación es correcta y la norma de indulto está derogada, eso abriría la posibilidad de que se reactiven procesos penales o de justicia transicional en contra de exintegrantes del M19 por los hechos del Palacio de Justicia, tanto por responsabilidad individual como de mando, lo que –desde la perspectiva de Martínez– dejaría sin amparo legal el indulto que en su momento gozaron. “La justicia podría reabrir los procesos relacionados con los hechos del Palacio”, afirmó.
De hecho, Martínez aludió directa o indirectamente al papel del actual presidente Gustavo Petro, al señalar que “se está tratando de reescribir la historia frente al país, ofendiendo de manera grave a las víctimas”.
Contexto político y mediático
El pronunciamiento de Martínez adquiere especial relevancia en el marco del debate por la memoria histórica en Colombia, la rendición de cuentas de los actores armados y el cumplimiento de los mecanismos de verdad, justicia, reparación y norepetición. Se da también en un ambiente en el que han surgido llamados recientes para que se esclarezca lo ocurrido en la toma del Palacio de Justicia hace 40 años, y en ese contexto los indultos al M19 constituyen un punto crítico.
Es importante subrayar que Martínez, quien fuera fiscal general, es reconocido por su postura crítica al gobierno de Gustavo Petro, lo cual añade en la opinión pública un matiz político al anuncio.
Consideraciones de análisis
- Que una ley de indulto quede derogada no implica automáticamente que todos los procesos queden abiertos de nuevo: dependerá de qué tan explícita sea la derogatoria, qué efectos retroactivos se asignen, y cuál sea la interpretación de los jueces sobre derechos adquiridos o sobre el principio de cosa juzgada.
- Martínez asume que la derogatoria es clara y que los delitos cometidos se ajustan al perfil de los noindultables (lesa humanidad/crímenes de guerra). Esa interpretación puede estar sujeta a litigio.
- Las víctimas y familiares de los hechos del Palacio de Justicia tienen un interés particular en esta narración: una eventual reactivación del proceso abriría nuevas rutas de búsqueda de justicia, pero también puede generar nuevas controversias jurídicas.
- Desde el punto de vista político, la alusión al presidente Petro y al “reescribir la historia” pone el asunto en un plano de disputa simbólica más que exclusivamente jurídico.
¿Qué sigue?
Habrá que esperar a que surja un pronunciamiento judicial o del Congreso que confirme, rechace o modifique la interpretación de Martínez. También será clave saber si la derogatoria contempló algún mecanismo especial para ratificar los hechos ya juzgados o si abrió la puerta a nuevas investigaciones. En paralelo, las víctimas continuarán solicitando mayor claridad y acción judicial en los hechos de 1985, lo que sitúa este tema en el centro de la memoria histórica del país.
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